all major EU majors promote express expulsions and repatriate irregular migrants

Sánchez, on the other hand, recalled the hardships of the compatriots who emigrated to America in the forties and suggested that ““Spain has to choose between being an open and prosperous country or a closed and poor country.”

The president announced his roadmap from Madrid and in Brussels. In Madrid, he advanced a reform of the Immigration Regulation “to streamline the processes of migrants residing in Spain, eliminating unnecessary bureaucratic procedures, organizing the figures of roots and creating new figures around employment and family networks.” In Brussels, he is committed to solidarity between countries for the distribution of people who have arrived illegally and for the advancement of the Migration and Asylum Pact whose entry into force is dated 2026. He wants it to start in 2025 to defuse the harshest currents that already thrive in Europe.

The line set from Moncloa therefore contrasts with the general change in agenda in the rest of the Union, and not only among countries governed by forces traditionally linked to the radical right.

In Germany, the chancellor Olaf Scholz has just reintroduced controls at all its borders to curb irregular immigration and improve security. In France, the new prime minister, Michel Barnierhas promised “limit immigration”. Hungary and the Netherlands demand an “exception” to avoid having to apply community asylum rules. In Austria, the far-right FPÖ party has just won the elections with an anti-immigration speech.

After three and a half years of intense debate, the EU definitively approved the Migration and Asylum Pact, which is based on the reinforcement of external borders and the tightening of asylum conditions. The new rules will not come into force until 2026, but the majority of community governments already consider them insufficient to face migratory pressure and demand to explore other ones. “innovative solutions”. The most recent is the creation of migrant deportation centers in non-EU countries.

This idea of non-EU deportation centers has been raised precisely by the Hungarian presidency of the EU and appears on the agenda of the meeting of Interior Ministers of the Twenty-seven that is being held this Thursday in Luxembourg. European governments are looking for ways to speed up the repatriations of irregular migrants, a policy that has so far failed. According to Eurostat, in 2023 the expulsion of 484,160 irregular immigrants across the EU was ordered, but only 91,465 (18.9% of the total) actually returned.

La reforma de la directiva de retorno es precisamente la única pieza pendiente del Pacto de Migración y Asilo. Los Gobiernos de los 27 alcanzaron un acuerdo en 2019, pero la Eurocámara todavía no ha definido su postura. Ahora la mayoría de Estados miembros quieren endurecer aún más la directiva porque consideran que ha habido un “cambio de paradigma”. Y presionan a la nueva Comisión para que retire el texto que hay sobre la mesa y presente una nueva versión más firme. El futuro comisario de Inmigración será precisamente el austríaco Magnus Brunner.

Un total de 14 Estados miembros (Austria, Países Bajos, República Checa, Alemania, Dinamarca, Grecia, Finlandia, Francia, Croacia, Italia, Luxemburgo, Malta, Suecia y Eslovaquia, además de tres Estados del espacio Schengen: Noruega, Suiza y Liechtenstein) acaban de firmar una carta conjunta en la que detallan los cambios que quieren introducir en la directiva de retorno.

Entre ellos, la posibilidad de sancionar a los migrantes que no cooperen en su repatriación, así como más facilidades para expulsar de forma exprés a las personas que planteen una amenaza grave para la seguridad pública de los Estados miembros.

La mayoría de Gobiernos son además partidarios de castigar a los países de origen y tránsito que se nieguen a firmar acuerdos de repatriación con la UE y no acepten la devolución de sus nacionales. Y ello utilizando todas las palancas a disposición de Bruselas. Por un lado, haciendo más difícil la obtención de visados a los nacionales de países que no cooperen. Algo que ya se ha hecho para países como Gambia o Etiopía. Pero también retirando las preferencias comerciales o reduciéndoles la ayuda al desarrollo. Esta segunda opción lleva muchos años debatiéndose, pero nunca se ha puesto en práctica.

“La celebración y aplicación sistemática de acuerdos de readmisión con los principales países de origen sigue siendo un problema. El uso de los visados como palanca se ha reconocido como una herramienta importante que genera un cambio positivo en el comportamiento de los países terceros, pero su potencial podría ampliarse aún más. Además, es necesario completar la caja de herramientas, especialmente usando el comercio como palanca a través del nuevo reglamento del Sistema de Preferencias Generalizadas”, señala el documento preparado por Hungría para el debate de los ministros.

Sin embargo, la gran novedad que plantea el Gobierno de Viktor Orbán es ampliar la definición de retorno, con el fin de permitir el envío de migrantes irregulares a otro tercer país que no sea el de origen ni el de trásito, por ejemplo en los Balcanes. Budapest sostiene que estos centros de deportación extracomunitarios ayudarían a aumentar la eficacia de las expulsiones en los casos en los que no haya cooperación del país de origen y tránsito y en los que el propio retornado no coopere.

“Si bien el Consejo aún no ha debatido los detalles específicos y las implicaciones jurídicas de dichas soluciones, muchas delegaciones destacaron el interés de explorar el concepto de centros de retorno en terceros países seguros”, señala el documento de trabajo preparado por Budapest para la reunión de ministros del Interior. “Uno de sus principales beneficios de estos centros de retorno sería reducir el efecto llamada y por tanto bajar el número de salidas y embarques irregulares en viajes peligrosos. Esto, en consecuencia, debería aliviar la presión migratoria sobre la UE“, añade.

Países como Alemania o Países Bajos están dispuestos a explorar esta idea de Hungría, aunque también insisten en que se necesitan muchas aclaraciones. Por un lado, hay dudas de que algún país extracomunitario esté dispuesto a albergar un campo de estas características. Hasta ahora, sólo Albania ha cerrado un acuerdo con el Gobierno italiano de Meloni para centros de procesamiento de solicitudes de asilo. Por otro lado, los Estados miembros quieren garantizar que esta iniciativa respeta el derecho internacional y los derechos humanos.

Entre los grandes países de la UE, España es el único que se ha distanciado claramente de este tipo de iniciativas. El Gobierno de Pedro Sánchez defiende que la prioridad ahora debe ser la puesta en práctica del Pacto de Migración y Asilo, cuyo acuerdo político se cerró bajo presidencia española. De hecho, el presidente ha defendido este miércoles en el Congreso adelantar un año, hasta 2025, la entrada en vigor del Pacto. 

De la reunión de ministros del Interior este jueves en Luxemburgo no se espera todavía ningún resultado concreto. Eso sí, los Gobiernos quieren aprovechar la ocasión para marcarle el camino al nuevo Ejecutivo comunitario con el fin de seguir endureciendo el control de las fronteras exteriores y la política migratoria de la UE.

La crisis migratoria figura también en la agenda de la cumbre de otoño de jefes de Estado y de Gobierno de los 27 que se celebra la semana que viene en Bruselas. “El Consejo Europeo pide una acción decidida a todos los niveles para aumentar y acelerar los retornos desde la Unión Europea”, reza el borrador de conclusiones, que todavía puede cambiar y endurecerse en los próximos días.