a smiling Matteo Salvini He appeared before the press on Friday afternoon upon leaving the court. “Fighting against human traffickers is not a crime,” he exclaimed after being acquitted for blocking in 2019 the disembarkation on Italian soil of more than a hundred immigrants who were traveling aboard the NGO Open Arms ship after having been rescued.
Five years after the event, the Palermo Court handed down a sentence and exonerated the then Minister of the Interior from any type of responsibility. He was charged with the crimes of kidnapping of people and omission of official acts.
“Common sense has won and the concept that defending the homeland, fighting against human traffickers and protect our children “It is not a crime, but a right,” Salvini celebrated, in words that are reminiscent of the tough policy against immigration that is gaining more and more followers within the framework of the European Union.
In this regard, the ruling has been celebrated from the positions most closely linked to the Italian right. Not only because Salvini has been part of the coalition government since 2022. Giorgia Meloni acting as vice president and minister of Infrastructure and Transport, but because he arrives at a time when the Italian Justice had stopped the prime minister’s flagship anti-immigration initiative.
In October, the Italian Executive launched its send migrants on a boat to Albania -non-EU country-, to a detention and repatriation center. In a first shipment, 16 migrants were sent, who would remain there waiting for their asylum applications to be studied.
However, Justice declared the detention and possible deportation illegal of immigrants because the countries they came from, Bangladesh and Egypt, cannot be considered safe. The Transalpine Executive responded by establishing by law a new list of safe countries. In November he sent another eight migrants to Albania.
Despite the controversy and the occasional judicial setback, the measure was welcomed with interest by a good part of the European right, and even the left. The president of the European Commission, Ursula von der Leyentransmitted by letter to community leaders a 10-point plan to confront the migration crisis, something supported by all the large countries of the bloc except Spain.
El Gobierno de Pedro Sánchez defiende casi en solitario que la prioridad debe ser poner en práctica el Pacto de Migración y Asilo que se cerró bajo presidencia española. Y rechaza medidas más duras para combatir la inmigración ilegal, que sí cuentan con el apoyo de Alemania, Francia, Italia o Polonia.
Desde Moncloa se reiteró la posición esta semana en el marco de la reunión de ministros de Interior y Justicia. “Cada vez que ha habido algún intento de esas ‘soluciones innovadoras’ que restringan derechos, desde luego ha recibido un tirón de orejas por parte de la legislación internacional”, declaró la ministra del ramo, Elma Saiz, citando la locución del plan de Von der Leyen.
Veinte días de bloqueo
Salvini, para quien la Fiscalía reclamaba 6 años de cárcel, estaba imputado de los delitos de secuestro de personas y omisión de actos oficiales por su inflexible y polémica doctrina de “puertos cerrados” a los barcos de ONG como Open Arms.
Los hechos se remontan al mes de agosto de 2019, cuando Salvini era vicepresidente y ministro de Interior de otro Gobierno, con la coalición entre su formación y el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) del entonces primer ministro Giuseppe Conte.
El político se obcecaba entonces en vetar el atraque en sus puertos a las naves humanitarias que rescataban inmigrantes en la ruta del Mediterráneo central y, por eso, negó durante veinte días el desembarco de 147 inmigrantes rescatados por Open Arms.
El veto terminó cuando el entonces fiscal de la ciudad siciliana de Agrigento (sur), Luigi Patronaggio, permitió el desembarco de los rescatados en la isla italiana de Lampedusa tras subir a bordo de la embarcación y constatar el estado en el que se encontraban tras veinte días a merced del sol y las olas.
El 20 de agosto de 2019 finalmente pusieron pie en el puerto de Lampedusa un total de 83 inmigrantes, pues el resto habían sido evacuados en los días anteriores por motivos sanitarios.
El proceso judicial
Las partes enfrentadas tuvieron este viernes la oportunidad de intentar ganarse a un juez de rictus serio: la fiscal, Marzia Sabella, insistió en que Salvini debía ser condenado, alegando que la nave Open Arms “no suponía un riesgo para la seguridad nacional”, recuerda Efe.
La abogada defensora, Giulia Bongiorno, jugó al ataque, denunciando “errores” en la tesis de los fiscales y acusando a la ONG española de utilizar a los inmigrantes en una especie de pulso a Italia, ya que podía dirigirse a su país, España.
“Las fronteras, al contrario de lo que se piensa, no son instrumentos de discriminación sino un escudo de paz. Si no existieran, reinaría el caos”, zanjó la también senadora de la Liga.
El juicio a Salvini ha sido posible después de que el 30 de julio de 2020, ya en la oposición tras romper su coalición con el M5S, estos y el Partido Demócrata (socialdemócrata) votaran a favor de retirarle la inmunidad parlamentaria.
La última audiencia de este juicio en primer grado tuvo lugar en el aula “búnker” de la prisión Pagliarelli, normalmente usada para los peores criminales de la mafia siciliana y que hoy se llenó de guardaespaldas por este imputado ilustre, acompañado por algunos de los “pretorianos” de su partido, que rompieron en aplausos y vítores con el veredicto.
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